Publicaciones/Documentos

La influencia que el factor tecnológico ha ejercido en la Gestión Pública ha sufrido una evolución desde las primeras propuestas que surgieron con las Nuevas Tecnologías. En el momento en el que la modernización de las Administraciones comenzó a llevarse a cabo, gracias en parte a los avances relacionados con la Innovación Tecnológica, la gestión del cambio ha dejado de considerarse un argumento de peso susceptible de producir efectos negativos, y ha pasado a convertirse en un potenciador natural de los efectos de estos procesos modernizadores.

El objeto de este grupo es analizar la evolución de los enfoques relacionados con el cambio en el contexto teórico de la Gestión Pública, y avanzar en las nuevas líneas de investigación que ya cuentan con propuestas de métricas específicas para Políticas Públicas.

Entendemos que los RRHH en la Administración Pública han de ser gestionados como un todo sistémico que integre la selección,la evaluación, la formación, la carrera y la retribución (Longo, 2004). Tres son los actores de ese sistema: Administración, trabajo y trabajador y es la interacción constante entre los tres lo que vincula los RRHH (selección, formación, carrera, evaluación), la organización (diseño organizativo, RPT, diseño de puestos, valoración de puestos) y el personal (nóminas, sistema retributivo, registro de personal, provisión) (Gorriti, 2006).

Por otro lado, las propuestas recientes de modernización de las administraciones públicas; así por ejemplo (i) el informe de reforma de las administraciones públicas CORA o (ii) el informe en Cataluña de la Comissió d’experts per a la reforma de l’administració pública se encaminan hacia una gestión del trabajo por objetivos en la que la efectividad, la eficiencia y la excelencia –lo que nosotros óptimo ideal- son el horizonte de la modernización administrativa.

El grupo que planteamos tiene el horizonte de crear, desde los parámetros conceptuales que hemos esbozado, una monografía sobre gestión integral de recursos humanos y, por tanto, esperamos propuestas que o bien aborden conceptualmente alguno de los ámbitos que hemos aludido o bien que expliciten casos concretos de buenas prácticas que ilustren aspectos del modelo.

El entorno donde operan las Administraciones públicas cada vez es más cambiante e inseguro. Las relaciones de esta con la sociedad y las relaciones con sus propios miembros se están configurando de una manera diferente a la desarrollada hasta ahora. Los momentos de crisis son momentos de incertidumbre.

La superación de la incertidumbre y la salida de la crisis en las Administraciones públicas están fundamentalmente vinculadas a la idea de servicio público y lograr de cada uno de los empleados lo mejor. Es necesario impulsar la generación de conocimiento innovador y emprendedor en las Administraciones públicas, donde la Gestión del talento juega un papel fundamental.

Estamos en un momento de cambios en las Administraciones Públicas y en España se ha empezado fundamentalmente por la Administración Local con una propuesta que no ha contentado a todos. Este Grupo de Trabajo tiene por objeto examinar si la nueva concepción española responde a los retos que tiene la Administración Local de cara ya al presente Siglo XXI en el que vivimos o si quizás debería ser otro el modelo.

Para ello se tratará de abordar la aplicación de la nueva normativa, las posibles o necesarias reformas, propuestas de modificación de la planta municipal, su financiación, así como tratar sobre su inevitable modernización, como la implantación, más pronto que tarde, de la Administración electrónica. Por último se tratará de conocer experiencias pioneras, experimentales y, en toco caso, interesantes sobre políticas de desarrollo, modernización y apuesta por el futuro de la Administración Local, tanto dentro de España como fuera.

En momentos de incertidumbre y desconfianza, tanto económica como política y social, es necesario cerrar la brecha existente entre "los que saben" y "los que no saben", o sea, entre los especialistas y los ciudadanos en su conjunto, provocada por la fragmentación del conocimiento.

Esta brecha, que tiende a excluir a los ciudadanos del debate sobre temas complejos, pone en peligro la democracia, que requiere alimentarse de un vigoroso intercambio de ideas y opiniones. Es necesario, pues, consolidar un nuevo modo de producción del conocimiento socialmente distribuido, donde la identificación de los problemas y su solución se realice a través de una compleja interacción entre los diferentes actores implicados —políticos, técnicos y ciudadanos— en redes de colaboración.

Una amplia literatura sociológica y politológica confirma que en las últimas décadas el asociacionismo, la cooperación, la participación social y el compromiso cívico de la juventud han sido sinónimos de una ciudadanía activa, cohesionada y solidaria para las democracias europeas e internacionales más avanzadas.

En el caso de España, la implicación de los jóvenes en la esfera pública ha incidido en el paso de una visión centralista de las intervenciones sociales hacia un esquema altamente participativo que se hace evidente desde el principio de la transición democrática.

Las organizaciones son construcciones vivas que están constantemente cambiando. Las organizaciones públicas quizás experimentan este ímpetu con mayor intensidad en los últimos tiempos. La necesidad de demostrar su eficiencia, unida a la austeridad en el empleo de recursos públicos menguantes, ha obligado a poner en práctica numerosas experiencias de transformación para seguir garantizando su legitimidad.

El grupo de trabajo con el título “Redes sociales digitales para unas administraciones públicas abiertas: buenas prácticas, casos de éxito y herramientas de medición” pretende profundizar en la exploración de la difusión de las tecnologías sociales dentro del sector público a nivel internacional.

Particularmente, las administraciones públicas iberoamericanas han experimentado notables transformaciones durante los últimos veinte años. A modo de ejemplo, se sitúa la idea de gobernanza en red desarrollada a partir de la existencia de herramientas sociales que han incrementado la capacidad de comunicación entre las administraciones públicas, los ciudadanos y otras instituciones y empresas. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.

Smart city es todavía un concepto difuso, diversas definiciones han hecho énfasis en que una ciudad inteligente es un espacio urbano que tiende a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos desde diferentes puntos de vista (social, económico, político,..) utilizando intensivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones así como poniendo en marcha procesos de innovación abierta.

Para Chesbrough (2003), el padre del término, la innovación abierta asume que las empresas pueden y deben utilizar tanto las ideas internas como las ideas externas así como que pueden acceder al mercado a través de mecanismos tanto internos como externos. En el ámbito de la ciudad, innovación abierta implica innovar (es decir, ser capaz de aplicar nuevas soluciones a los problemas urbanos) con socios (ciudadanos, asociaciones, empresas), compartiendo los riesgos y los beneficios. En este contexto, este panel tiene como objetivo explorar cómo se construye una ciudad inteligente.

Este grupo de trabajo abordaría experiencias de implementación de metodologías de co-creación y labs de innovación para diseñar e implementar servicios públicos incorporando al usuario.

Se hará hincapié en el aprendizaje y uso de metodologías participativas para producir innovación. Se analizará cómo crear entornos de co-creación con usuarios y el diseño de laboratorios (espacios de interacción) que permitan la prototipización para asegurar el éxito de la innovación y reducir los riesgos que ella entraña.

En el contexto del actual debate entre académicos y profesionales del sector público sobre qué modelo de evaluación de la calidad de los servicios públicos es más conveniente, el objetivo central de este grupo de trabajo es doble: por un lado, explorar críticamente qué modelos de evaluación de la calidad de los servicios públicos son más adecuados en función del contexto organizativo y, por otro lado, estudiar que capacidades institucionales y organizativas son necesarias para gestionarlos adecuadamente, muy especialmente en un entorno institucional caracterizado por la "gestión en red" de estos servicios públicos.

El concepto de calidad vinculado a la "satisfacción de necesidades" tiene un carácter dinámico en la medida que las expectativas de servicio y las necesidades en sí varían de unos usuarios a otros a lo largo del tiempo.

O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo debater pesquisas relacionadas às transformações ocorridas no papel e função do Estado no contexto de crises e oportunidades como polos contraditórios e complementares na dinâmica do desenvolvimento local, regional e internacional.

Serão privilegiadas propostas que apresentem novas perspectivas analíticas e metodológicas para o debate contemporâneo sobre planejamento, gestão pública e participação social.

En América Latina, los gobiernos no concretaron en sus modelos de organizar sus administraciones todas las características del modelo clásico burocrático, y en tanto gobiernos subnacionales como locales, construyeron ensamblajes de ciertos características burocráticas con algunos elementos de la nueva gerencia pública y de los modelos post burocráticos.

Así, el modelo weberiano de administración, en América Latina, pareciera que alcanzó una instalación incompleta (Prats, 2001) a consecuencia de ciertas características estructurales propias del proceso de construcción de los estados en la región (patrimonialismo, nepotismo, feudalismo), generando que las administraciones padezcan lo que se denomina "buropatología".

Las políticas de transparencia, apertura gubernamental y datos abiertos en Iberoamérica se han intensificado en los últimos años, generando numerosas iniciativas que ligadas al concepto de gobierno abierto, han significado un elemento promotor de un nuevo tejido de prácticas y trabajo conjunto entre el sector público, organizaciones de la sociedad civil y otros actores.

En particular y en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en Latinoamérica y el Caribe, de los 15 países que actualmente la integran, al observar los compromisos asumidos en los planes de acción (328 en total), 94 de ellos dicen relación con los temas de acceso a información pública y dentro de ellos, 25 iniciativas se vinculan directamente a la apertura de datos públicos (Ramírez-Alujas y Dassen, 2014).

Son numerosas las experiencias que se han puesto en marcha para mejorar la gestión de los asuntos públicos y por ende, satisfacer las crecientes demandas sociales. El desarrollo de estas experiencias se sustenta en las corrientes de pensamientos dominantes en la literatura especializada, la réplica de prácticas que se han considerado exitosas en otros contextos o las recomendaciones de los organismos multilaterales a través de los estudios anuales, manuales y diversas publicaciones.

Sin embargo, muchas de estas experiencias han fracasado por no considerar adecuadamente el significado de lo público y la naturaleza de sus objetivos. Más aún, por obviar los elementos diferenciadores de las organizaciones públicas frente a otros tipo de organizaciones.

La Unión Europea adquiere cada vez un mayor protagonismo a través de sus instituciones, como el Consejo o la Comisión que junto al Parlamento Europeo son el verdadero motor de la UE y artífices de la elaboración de las políticas públicas que afectan a las vidas de los ciudadanos de los 28 Estados miembros.

Sin embargo, aspectos como la desafección política, la desconfianza institucional, el déficit democrático, la lógica intergubernamental no exenta de conflictos, la falta de transparencia en la toma de decisiones, la percepción de lejanía de sus instituciones y la priorización de la gobernanza económica y de la política monetaria no pueden ser minimizados por la ciudadanía en un contexto de crisis.

El argumento central es que los países que han promovido el desarrollo local-regional en la última década, se han caracterizado por fortalecer un modelo de gobernanza en dos sentidos: una institucional, una noción de efectividad en el Estado, gobierno y administración para generar resultados y segundo, una gobernanza social, fundamentado en acuerdos básicos con el sector empresarial, sindical y sociedad civil, y con base de una agenda estratégica para el desarrollo.

Por ello, se puede proponer la hipótesis inicial de la que la ausencia de gobernanza estratégica condiciona el impacto favorable en la competitividad y bienestar y con ello el desarrollo.

Los movimientos sociales han sido objeto de estudio de diferentes ramas del saber y el conocimiento como la ciencia política, la sociología, la historia, la filosofía y la psicología social.

Especialmente, en las últimas décadas, la sociología, la ciencia política y la geografía han desarrollado avances analíticos y han propuesto nuevas teorías de estudio a partir de la realización de múltiples investigaciones empíricas sobre la protesta ciudadana y los movimientos sociales.

Esta mesa consistirá en la exposición y discusión de manifestaciones artísticas influenciadas por la política. El eje temático girará en torno al arte como expresión de la inteligencia y la sensibilidad, estableciendo una interacción en el espacio público entre el arte y la política.

La reflexión y el debate se centrarán con base en los siguientes lineamientos: 1. Toda expresión-creación se ubica en un tiempo y espacio, lo mismo que su autor. 2. Hay momentos históricos y políticos en que se obliga a cierto tipo de creaciones artísticas a seguir un sólo derrotero. Cierto, muchas veces se ha intentado constreñir y limitar al arte.

En la literatura académica existen diversas interpretaciones del concepto de ciudadanía. Mientras que algunas se centran en el estatuto jurídico, definiendo como ciudadanos a aquellos que ostentan la nacionalidad de un país, otras argumentan que esta condición está estrechamente vinculada a la titularidad de ciertos derechos que permiten a los individuos influir en el proceso de toma de decisiones.

Varios estudios destacan también la relevancia de la vertiente participativa de la ciudadanía, considerando como ciudadanos a aquellos que, lejos de ser simples sujetos de la polis, se involucran activamente en la misma, expresando sus preferencias vía participación política.

Probablemente por diferentes razones, democracias “consolidadas” como las europeas al igual que “jóvenes” democracias como las latinoamericanas, se enfrentan actualmente a un grave problema: la caída de la confianza en las instituciones y en los partidos políticos, y su traducción en una crisis de representación.

Frente a esto se vislumbran dos escenarios, por una lado, una parte importante de los electores optan por la abstención o por el voto castigo a causa de su desconfianza, lo cual incrementa la apatía política y desinterés/rechazo por lo público y lo político.

El rol de los medios de comunicación como definidores y creadores de la realidad los ha convertido en un actor político más, con un peso en la actualidad que trasciende la influencia tradicionalmente asociada a períodos electorales.

Por otro lado, las formas de comunicación de la movilización social de los últimos años han puesto sobre la mesa una disyuntiva según la cual nuevas formas de comunicación, facilitadas por las nuevas tecnologías, vendrían a limitar la influencia de los medios de comunicación convencionales y a romper con el stablishment mediático.

La organización político y institucional de los países con su diseño, reglas constitucionales y arreglos legales es un marco fundamental que condiciona la forma que asumen su administración pública.

Esa es un obviedad importante de ser enfatizada cuando uno se coloca delante de tarea que busca comprender como opera la dinámica gerencial y política que involucra las administraciones públicas. Teniendo en cuenta ese argumento, una forma de investigar la concretización de ese proceso es definir una área o política en que su formato sea influenciado por los parámetros generales inscritos en las reglas administrativas, políticas y legales de los países. Desde este punto de vista, comprendemos que la descentralización llevada a efecto en varios países desde la década de los ochenta del siglo pasado es un campo importante para reflexionar acerca del argumento general arriba presentado.

Abordamos la cuestión en análisis, señalando que existe consenso nemine discrepante respecto a que “la democracia reina de manera absoluta, sin mezclas ni fisuras y ha conseguido doblegar a sus viejos enemigos, tanto del lado de la reacción, como de la revolución” (Gauchet, 2004), así como a los perennes adversarios del gobierno popular (Dahl, 1999:22).

Desde la década del noventa fue puesto de manifiesto su triunfo como sistema o ideal político (Benedicto, 2004); existiendo en América Latina una homogénea convicción acerca de la pertinencia y viabilidad de la democracia como régimen político más creíble y compensable (García Montaño, 2004:296), no advirtiéndose signos de preferencia por alternativas no democráticas (Subirats, 2001:33-42).

Con la irrupción de gobiernos autollamados de “izquierda” o “progresistas” en varios países de Latinoamérica a partir de fines de los años 90, y sobre todo en los 2000, el mapa de los modelos de bienestar adoptados en la región empieza a experimentar mutaciones. Se rompe el consenso en el “Consenso de Washington”, la hegemonía neoliberal, y se identifican algunas modificaciones en las políticas públicas que conforman una agenda social (ampliada).

Las transformadoras estatales experimentadas a nivel nacional son distintas a lo largo de toda la región, a razón de las diversas realidades económico-sociales y de acción política en las que se asientan, pero muchas de ellas poseen varios puntos de contacto, que sacamos a colación porque impactan sobre el modelo de bienestar: una mayor intervención del Estado en diferentes ámbitos antes vedados a su accionar y una recuperación de importantes funciones de bienestar y cuidado de la población por parte de los poderes públicos.