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Grupo de Trabajo celebrado en el marco del 
III Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas GIGAPP IUIOG 2012, 
el 27 y 28 septiembre 
en la sede de la Fundación 
José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón .

Grupo de Trabajo celebrado en el marco del 
III Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas GIGAPP IUIOG 2012, 
el 27 y 28 septiembre 
en la sede de la Fundación 
José Ortega y Gasset- Gregorio Marañón .

En el marco de la política de promoción e impulso a la investigación que desarrolla el Instituto Nacional de Administración Pública se ha constituido un grupo de investigación formado por un equipo multidisciplinar de expertos denominado GIAP 2032. Su objetivo es abordar una reflexión teórica de alto nivel sobre el nuevo paradigma que debe presidir el pensamiento sobre el Estado y la Administración Pública del futuro, con especial atención a los fenómenos de riesgo sistémico que afectan a las organizaciones públicas, los nuevos modelos relacionales con la sociedad y la búsqueda de grandes consensos sociales.

Para poder hacer frente a los retos de la globalización y a la crisis del Estado del Bienestar, las democracias avanzadas han tenido que evolucionar hacia un modelo de Estado Relacional que plantea un nuevo reparto de roles, tareas y responsabilidades entre el Estado, el mercado y la sociedad civil diferente del que ha caracterizado el tradicional modelo Weberiano de coordinación jerárquica. Así pues, dada la complejidad de los problemas sociales actuales y la multiplicidad de actores implicados, la construcción del Estado Relacional representa un desafío importante tanto para el sistema político como para las administraciones públicas. Y es precisamente en este entorno institucional caracterizado por la "gestión en red" de los servicios públicos y la consecuente diversificación de los mecanismos de colaboración público-privada donde el estudio de las capacidades institucionales y organizativas necesarias para hacerle frente resulta relevante.

¿Qué medidas de administración electrónica están incorporando nuestros organismos públicos de representación? La incorporación de la Tecnología de la Información y la Comunicación en la sociedad general y la política en particular está modificando los mecanismos tradicionales del sistema democrático de representación por un nuevo modelo democrático de participación. Observamos cómo las administraciones públicas están cada día más al servicio de la ciudadanía por medio de esta herramienta de comunicación interactiva. Desde estos organismos se ofrece información en diversos temas de actualidad, se ofrece la oportunidad de interaccionar a través de las redes sociales o de la página web oficial de la administración, e incluso vemos como se van estudiando formas de llevar a cabo la edición de una ley de transparencia en su ejercicio. Es decir, una posible manera de lograr la democratización de Internet, principalmente por dos motivos: la gran expansión de las TIC en la década de los noventa y una "crisis de democracias participativas" debido al continuo retroceso de la participación política de los ciudadanos, Agre (2001), Bimber (1998), Barber (1998), Levine (2002), Norris (2004), Bennet (2003).

El grupo de trabajo que se presenta pretende no sólo convertirse en un ámbito de reflexión teórica sobre aquellos asuntos que afectan a la gestión y la administración de las elecciones, sino también en un foro de exposición, debate e intercambio de estudios empíricos o experiencias prácticas que aborden esta línea temática e investigadora desde alguna de las dimensiones analíticas siguientes: dimensión institucional (modelos organizativos en la dirección, gestión y/o supervisión de los procesos electorales); dimensión funcional (actividades de los órganos electorales); y dimensión sistémica (órganos electorales y gobernanza electoral, su incidencia en la instauración y consolidación de las democracias).

La profundización de la vida democrática en los países pasa por una creciente demanda de accountability como elemento fundamental para la democratización del Estado. Las demandas de accountability han tenido como objetivo una defensa de la transparencia de las instituciones del Estado y de las políticas públicas implementadas. La transparencia es defendida como regla fundamental de la gestión pública para hacer a los gobiernos responsables antes los ciudadanos.

Este Grupo de Trabajo debate los avances y retrocesos relacionados a los procesos de transparencia y accountability, como forma de comprender (por medio de la comparación de casos) el estado actual de la Administración Pública contemporánea en la materia.

La investigación empírica ha puesto de manifiesto el vínculo existente entre los arreglos institucionales en materia de personal público (función pública, servicio civil, empleo público) y la eficacia de las inversiones económicas, la seguridad jurídica y la imparcialidad en el funcionamiento del aparato administrativo, por señalar algunos de sus efectos. Por otro lado, existe también un campo especializado de estudio que indaga los modos en que las burocracias públicas en general han tratado de adaptarse a las demandas de flexibilización provenientes del nuevo gerencialismo y, al respecto, existen también abundantes investigaciones acerca del modo en que se han implementado reformas en materia de función directiva, evaluación del rendimiento, gestión por competencias.

La elevada capacidad que nos brinda la tecnología de recoger, cruzar y computar, y finalmente interpretar enormes cantidades de datos de fuentes diversas, está suponiendo una verdadera revolución en los ámbitos del gobierno, la gestión y las políticas públicas. Lejos de ser un mero instrumento, o una mejora cuantitativa, está transformando la realidad de un modo tan palpable que los profesionales y teóricos de las ciencias políticas y la gestión pública, no podemos dejar pasar de largo su estudio. La experiencia como consultores en proyectos donde este incipiente campo se está abriendo, nos señala que la tecnología no es el mayor reto, sino que se encuentra en los campos en los que los politólogos y juristas debemos manifestar nuestra destreza: Los marcos de relación entre quien proporciona los sensores y la infraestructura, quien explota los datos, y los beneficiados. Los consorcios, el papel del ciudadano informado, nuevas formas de democracia, oportunidades de negocio, los límites al uso de la información, etc., por indicar unas cuantas.

Las administraciones públicas españolas y Latinoamericanas han sufrido profundas transformaciones durante las últimas dos décadas. Entre las dimensiones de innovación administrativa más recientes se encuentra la incorporación de herramientas de la nueva gestión pública, así como ideas de la gobernanza en red. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.

Los gobiernos locales tanto en Europa como en otros continentes están abocados a reformas intensas. Así, en algunos países ha sido o será el nivel de gobierno más afectado por la todavía sin resolver crisis financiera y económica. Pero además, y de manera simultánea, los gobiernos locales se enfrentan a demandas de reforma donde aparecen contradicciones (por ejemplo, la dificultad de conciliar más y mejor democracia y transparencia con requerimientos de eficacia y eficiencia). En este grupo de trabajo se trata de repensar algunas de las cuestiones recurrentes que están en el núcleo de las reformas del sector público local incluyendo aquellas inspiradas por la Nueva Gestión Pública (NGP) impulsada desde organismos internacionales (OCDE,UE,FMI) o la Post-NGP que ha venido a corregir los excesos y fracasos de la primera, así como el estudio de las reformas territoriales o funcionales derivadas de las políticas de austeridad encaminadas a reducir el gasto público.

La puesta en marcha de políticas de Gobierno Abierto requiere, en primer lugar, un análisis de los recursos y aptitudes de la propia administración. Las distintas iniciativas han puesto de relieve la necesidad de fijar unos estándares mínimos sobre Gobierno Abierto (http://www.opengovstandards.org/?page_id=60), pues es necesario contar con unos requisitos mínimos para poder llevarlas a cabo. Por ello, es preciso identificar cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un modelo de Gobierno Abierto, partiendo de los diferentes enfoques que han dado administraciones en todo el mundo, tanto como estrategia global como con actuaciones enfocadas a alguno de los pilares del Gobierno Abierto (transparencia, participación y colaboración).

El crecimiento económico que experimentó América Latina en la última década se acompañó de mejoras considerables en la reduc-ción de la pobreza y, algo más modestas, en lo que refiere a la distribución de la riqueza. Ello supuso que un importante segmento social subiera un escalón en la estratificación social pasando a engrosar las clases medias. Tal situación representa un logro remarcable pero también un enorme compromiso.

La movilidad social ascendente ha sido desde siempre un desafío político de la mayor relevancia. En primer lugar, supone pensar en políticas públicas capaces de consolidar el estatus de aquellos que han logrado salir de la pobreza. En segundo término, se hace preciso garantizar los canales de ascenso social permanezcan abiertos y dinámicos de modo que, aquellos que no han aún logrado subir, lo hagan.

La confianza social y política se ha convertido simultáneamente en objeto de deseo y causa de frustración en los últimos años. Asociados a la solidez democrática, la prosperidad económica y la cohesión social, los lazos sociales débiles y la confianza en las instituciones son ingredientes necesarios para que se puedan desempeñar eficientemente las labores de gobierno pero, fundamentalmente, para que la vida cotidiana sea posible. Por las anteriores razones, la desconfianza, desafección y desapego preocupa tanto a países en desarrollo que busquen consolidar sus logros como a los países desarrollados que, tras la crisis económica, social y ahora política, ven descender sus niveles históricos.

De cara a ello, en este Grupo de Trabajo se analizan los factores involucrados en la creación y/o destrucción de la confianza social o institucional, el rol del Estado y las políticas públicas en su dinámica, el impacto de la crisis económica y los escándalos de corrupción, las propuestas y estrategias que se debaten para fomentar ambas.

En este Grupo de Trabajo se pretende intercambiar reflexiones teóricas sobre la posibilidad de establecer consensos a través del arte de gobernar. Intentamos ir más allá de los temas clásicos que interesan a la Ciencia Política (Procesos electorales, Estado y grupos de poder) proponiendo vasos comunicantes entre Arte, Política y convivencia en el reconocimiento de la diversidad.

Presentamos nuestra preocupación en torno a la posibilidad o no de lograr consensos cuando existen diferencias aparentemente "irreconciliables" en el espacio público, así como el entendimiento de "lo político" como la posibilidad de crear nuevas formas de convivencia.

Durante las últimas tres décadas en América Latina, se ha desarrollado un fenómeno que se ha denominado "la emergencia indígena" (José Bengoa), el que ha implicado el resurgimiento de la cuestión indígena, produciendo grandes desafíos para la gobernanza y el sistema jurídico. La demanda de los pueblos indígenas es profunda y radical. No sólo implica derechos para su grupo, sino que cuestiona los cimientos del Estado Nación en toda América Latina y el modelo de desarrollo económico ligado a la explotación de recursos naturales. En ese contexto los países latinoamericanos han reconocido una amplia gama de derechos a los pueblos indígenas, incluso de rango constitucional y han suscrito los principales tratados internacionales al respecto (principalmente el Convenio N° 169 de la OIT). Asimismo el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha desarrollado una vasta jurisprudencia, estableciendo la obligación estatal de consulta, protección de la identidad, propiedad comunitaria y representación política de los pueblos indígenas. Los gobiernos latinoamericanos han tenido que cambiar su forma de relación con los pueblos indígenas y adaptar su gestión y actuación a esta nueva realidad para llevar a cabo su función. Así los desafíos de inclusión, consulta y reconocimiento de los pueblos indígenas en la acción de gobierno han generado tensiones y características especiales dignas de analizar.

En este Grupo de Trabajo analizamos desde una visión integradora y plural la situación actual de nuestra democracia, teniendo como referentes los aportes que ya desde la antigüedad se conocen.

A través de sus contribuciones, se pretende profundizar en las causas que hacen plantearse en estos momentos la necesidad de reformar no sólo las instituciones gubernamentales, sino las cuestiones políticas y morales subyacentes. Conoceremos las dimensiones internas y externas de la regenera-ción democrática, sus raíces históricas y su proyección actual, en un contexto de crisis económica y de desafección política por parte de los ciudadanos que se consideran cada vez más alejados de quienes les representan.

El enfoque institucional es un enfoque especialmente útil para analizar la cooperación interterritorial. La consideración que se ha dado a los diferentes organismos dedicados a estas funciones y el peso que han ido adquiriendo en la elaboración de las políticas públicas, están estrechamente relacionados con la Ciencia Política.

El objetivo del Grupo de Trabajo es estudiar las instituciones que se encuentran en el nivel central, supranacional, autonómico y local: sus líneas estratégicas de actuación y la tendencia en virtud de su evolución.

Durante las dos últimas décadas los estudios sobre desarrollo urbano han tenido en la noción de gobernanza uno de sus conceptos clave. Ésta ha sido vista, principalmente, como un instrumento de articulación y concertación en la construcción de agendas de desarrollo orientadas por el mercado, el crecimiento económico y la competitividad interurbana.

No obstante, en años recientes el fracaso de las estrategias neoliberales ha subrayado el carácter controvertido y habitualmente conflictivo de las relaciones de gobernanza realmente existentes y, más concretamente, de las articulaciones Estado-sociedad civil. En ese contexto, una extensa literatura académica ha analizado las cada vez más visibles prácticas de contestación y resistencia de la sociedad civil a la aplicación de políticas neoliberales.

La desafección ciudadana hacia los parlamentarios, ya sea del Congreso de los Diputados o Senado como de los parlamentos de las Comunidades Autónomas, es un fenómeno complejo en su diagnóstico y más aun en las posibles soluciones para superarlo. Los parlamentos y sus miembros tienen un papel destacado a la hora de adoptar medidas para recuperar la confianza pero puede ser una tarea muy grande para abordarla en soledad.

Es, por tanto, la hora de la sociedad. Dentro de esta situación de crisis, se está produciendo una ventana de oportunidad en lo relativo a la aparición de formas emergentes de movilización de la sociedad a través de plataformas organizadas, de iniciativas de ciberactivismo, de colectivos que reflexionan sobre el bien común.

El diseño de un nuevo modelo de estado relacional, de un estado que asegure el equilibrio entre las fuerzas del mercado y una estructura fuerte de solidaridad y protección social tiene como aliado principal la gobernanza, que a través de la participación ciudadana, la transparencia, la participación y la cooperación con la ciudadanía puede favorecer sociedades más avanzadas, libres y responsables de su presente y de su futuro.

La gobernanza exige una colaboración activa y constructiva entre todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local pero también debe contar con la sociedad civil y los agentes económicos y sociales. En este sentido el ámbito local emerge como el laboratorio perfecto donde hacer realmente efectiva la gobernanza, y lo es porque en un entorno relacional, los gobiernos locales como consecuencia de la descentralización y la autonomía local actúan a través de redes y enmarcan muchas de sus actuaciones en escenarios multinivel que les permite extender y proyectar su ámbito de actuación.

El concepto de ciudadanía constituye uno de los ejes centrales de los debates académicos y políticos contemporáneos. Con un auge espectacular en las últimas décadas, dicha noción ha ganado distintas interpretaciones, la mayoría de las cuales giran en torno a los criterios que definen la pertenencia de los individuos a la comunidad política.

Primero, de punto de vista formal, esta pertenencia ha sido tradicionalmente operacionalizada mediante un conjunto de derechos reconocidos a aquellos que ostentan el estatuto de ciudadano. Segundo, la posesión de derechos habilita a los ciudadanos de actuar en el ámbito político, participar activamente en el proceso de toma de decisiones y dialogar con sus representantes electos, por lo que las prácticas participativas de los derechos se convierten en otro elemento definitorio de la condición de ciudadano.

La Unión Europea define la representación de intereses como "aquellas actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de las políticas y en los procesos de toma de decisiones de las instituciones europeas". En este sentido, el Parlamento europeo considera que los grupos de interés desarrollan un papel importante y legítimo en el proceso democrático, por cuanto es un derecho básico que los representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta.

En los últimos tiempos, hemos sido testigos de una corriente reguladora que ha llevado a los Estados a promover leyes de acceso a la información pública y la implementación de distintos dispositivos institucionales para potenciar los niveles de transparencia, probidad y participación ciudadana en el proceso democrático. El derecho de acceso a la información ha ido ganando terreno en la agenda de transparencia y fortalecimiento institucional en todo el mundo: Noventa países han formalizado este acceso público a la información y, al menos quince (Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, EEUU, Francia, Hungría, Israel, Lituania, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa y Taiwán) han otorgado un marco normativo específico a la actividad que ejercen los grupos interés.

La sociedad capitalista enfrenta uno de los mayores desafíos en este inicio de milenio:

• ¿Cómo compatibilizar el desarrollo sostenible en las di-mensiones socioeconómica y ambiental con las fuerzas del capitalismo de maximización de la eficiencia y de las ganancias?
• ¿Es posible para las empresas hacer elecciones verdade-ramente libres en el sentido de la construcción de un mundo sostenible en un contexto de creciente integra-ción internacional y presión de los mercados financieros característicos del modelo neoliberal de poder?
• ¿Es posible demandar a las instituciones estatales una mayor participación e intervención en la sociedad en un contexto de creciente limitación presupuestaria?
• ¿Sería esta intervención gestionable dada la fragmenta-ción en competencias administrativa?

El presente Grupo de Trabajo se conforma por ponencias referentes al área de Gobierno que no se lograron ubicar en otras mesas pero que, dada su relevancia y su calidad, han sido igualmente admitidas en nuestro Congreso.

La temática que tratan se enfoca en esencia en la relación de la ciudadanía como actor político y su influencia en el acto mismo de gobernar, esto es, de una gobernanza basada en la interacción social, la construcción de redes, la transparencia de la información y la colaboración entre actores que permitan llevar a buen puerto acciones estatales, programas sociales y políticas públicas