Google Translate Widget by Infofru
Author Site Reviewresults
Esta es la relación de grupos de trabajo del GIGAPP. Le invitamos a usar los filtros o a buscar palabras clave a fin de afinar su búsqueda. También puede buscar por miembro de la Comunidad GIGAPP.
El Instituto Nacional de Administración Pública, dentro del V Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP), coordinará una mesa abierta que se centrará en innovación en la gestión de políticas locales. El objetivo de este grupo es poner en un primer plano aquellas experiencias innovadoras que se están desarrollando en diversos municipios y ciudades españolas. De esta manera, pretendemos construir un panel que no solo exponga proyectos innovadores de nuestro municipio, sino del que obtengamos una reflexión sobre la importancia del actor político como motor de innovación.
El funcionamiento del sistema de control interno de las administraciones públicas es un reaseguro imprescindible para la prevención y detección oportuna de desvíos, actuación correctiva sobre los mismos, y responzabilización por la utilización del erario público.
La forma que adopta la accountability en las administraciones contemporánea propone un desafío: la rendición de cuentas integral en complemento del vigente sistema de control de cumplimento formal.
Desde la creación y lanzamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en septiembre de 2011, son ya 64 los países que han formulado e implementado planes de acción nacionales sobre este tipo de políticas y, en particular, en Iberoamérica existen 16 países adscritos a esta iniciativa, muchos de ellos en plena fase de co-diseño o puesta en marcha de una segunda generación de compromisos.
Al respecto y aprovechando la reciente publicación de reportes de evaluación independiente desde la AGA sobre muchos de estos casos, el panel pretende debatir sobre los avances, lecciones y aprendizajes de un número determinado de experiencias en la región que permita explorar los derroteros, desafíos y oportunidades que se presentan para el futuro de las políticas de gobierno abierto en Iberoamérica.
La influencia que el factor tecnológico ha ejercido en la Gestión Pública ha sufrido una evolución desde las primeras propuestas que surgieron con las Nuevas Tecnologías. En el momento en el que la modernización de las Administraciones comenzó a llevarse a cabo, gracias en parte a los avances relacionados con la Innovación Tecnológica, la gestión del cambio ha dejado de considerarse un argumento de peso susceptible de producir efectos negativos, y ha pasado a convertirse en un potenciador natural de los efectos de estos procesos modernizadores.
El objeto de este grupo es analizar la evolución de los enfoques relacionados con el cambio en el contexto teórico de la Gestión Pública, y avanzar en las nuevas líneas de investigación que ya cuentan con propuestas de métricas específicas para Políticas Públicas.
Entendemos que los RRHH en la Administración Pública han de ser gestionados como un todo sistémico que integre la selección,la evaluación, la formación, la carrera y la retribución (Longo, 2004). Tres son los actores de ese sistema: Administración, trabajo y trabajador y es la interacción constante entre los tres lo que vincula los RRHH (selección, formación, carrera, evaluación), la organización (diseño organizativo, RPT, diseño de puestos, valoración de puestos) y el personal (nóminas, sistema retributivo, registro de personal, provisión) (Gorriti, 2006).
Por otro lado, las propuestas recientes de modernización de las administraciones públicas; así por ejemplo (i) el informe de reforma de las administraciones públicas CORA o (ii) el informe en Cataluña de la Comissió d’experts per a la reforma de l’administració pública se encaminan hacia una gestión del trabajo por objetivos en la que la efectividad, la eficiencia y la excelencia –lo que nosotros óptimo ideal- son el horizonte de la modernización administrativa.
El grupo que planteamos tiene el horizonte de crear, desde los parámetros conceptuales que hemos esbozado, una monografía sobre gestión integral de recursos humanos y, por tanto, esperamos propuestas que o bien aborden conceptualmente alguno de los ámbitos que hemos aludido o bien que expliciten casos concretos de buenas prácticas que ilustren aspectos del modelo.
El entorno donde operan las Administraciones públicas cada vez es más cambiante e inseguro. Las relaciones de esta con la sociedad y las relaciones con sus propios miembros se están configurando de una manera diferente a la desarrollada hasta ahora. Los momentos de crisis son momentos de incertidumbre.
La superación de la incertidumbre y la salida de la crisis en las Administraciones públicas están fundamentalmente vinculadas a la idea de servicio público y lograr de cada uno de los empleados lo mejor. Es necesario impulsar la generación de conocimiento innovador y emprendedor en las Administraciones públicas, donde la Gestión del talento juega un papel fundamental.
Estamos en un momento de cambios en las Administraciones Públicas y en España se ha empezado fundamentalmente por la Administración Local con una propuesta que no ha contentado a todos. Este Grupo de Trabajo tiene por objeto examinar si la nueva concepción española responde a los retos que tiene la Administración Local de cara ya al presente Siglo XXI en el que vivimos o si quizás debería ser otro el modelo.
Para ello se tratará de abordar la aplicación de la nueva normativa, las posibles o necesarias reformas, propuestas de modificación de la planta municipal, su financiación, así como tratar sobre su inevitable modernización, como la implantación, más pronto que tarde, de la Administración electrónica. Por último se tratará de conocer experiencias pioneras, experimentales y, en toco caso, interesantes sobre políticas de desarrollo, modernización y apuesta por el futuro de la Administración Local, tanto dentro de España como fuera.
En momentos de incertidumbre y desconfianza, tanto económica como política y social, es necesario cerrar la brecha existente entre "los que saben" y "los que no saben", o sea, entre los especialistas y los ciudadanos en su conjunto, provocada por la fragmentación del conocimiento.
Esta brecha, que tiende a excluir a los ciudadanos del debate sobre temas complejos, pone en peligro la democracia, que requiere alimentarse de un vigoroso intercambio de ideas y opiniones. Es necesario, pues, consolidar un nuevo modo de producción del conocimiento socialmente distribuido, donde la identificación de los problemas y su solución se realice a través de una compleja interacción entre los diferentes actores implicados —políticos, técnicos y ciudadanos— en redes de colaboración.
Una amplia literatura sociológica y politológica confirma que en las últimas décadas el asociacionismo, la cooperación, la participación social y el compromiso cívico de la juventud han sido sinónimos de una ciudadanía activa, cohesionada y solidaria para las democracias europeas e internacionales más avanzadas.
En el caso de España, la implicación de los jóvenes en la esfera pública ha incidido en el paso de una visión centralista de las intervenciones sociales hacia un esquema altamente participativo que se hace evidente desde el principio de la transición democrática.
Las organizaciones son construcciones vivas que están constantemente cambiando. Las organizaciones públicas quizás experimentan este ímpetu con mayor intensidad en los últimos tiempos. La necesidad de demostrar su eficiencia, unida a la austeridad en el empleo de recursos públicos menguantes, ha obligado a poner en práctica numerosas experiencias de transformación para seguir garantizando su legitimidad.
El grupo de trabajo con el título “Redes sociales digitales para unas administraciones públicas abiertas: buenas prácticas, casos de éxito y herramientas de medición” pretende profundizar en la exploración de la difusión de las tecnologías sociales dentro del sector público a nivel internacional.
Particularmente, las administraciones públicas iberoamericanas han experimentado notables transformaciones durante los últimos veinte años. A modo de ejemplo, se sitúa la idea de gobernanza en red desarrollada a partir de la existencia de herramientas sociales que han incrementado la capacidad de comunicación entre las administraciones públicas, los ciudadanos y otras instituciones y empresas. Por ello, las redes sociales atraen cada vez más la atención de las administraciones públicas como fuente de innovación y mejora interna, así como ámbito de profundización en la relación con la ciudadanía. Todo ello abre las puertas a una transformación de calado en el sector público.
Smart city es todavía un concepto difuso, diversas definiciones han hecho énfasis en que una ciudad inteligente es un espacio urbano que tiende a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos desde diferentes puntos de vista (social, económico, político,..) utilizando intensivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones así como poniendo en marcha procesos de innovación abierta.
Para Chesbrough (2003), el padre del término, la innovación abierta asume que las empresas pueden y deben utilizar tanto las ideas internas como las ideas externas así como que pueden acceder al mercado a través de mecanismos tanto internos como externos. En el ámbito de la ciudad, innovación abierta implica innovar (es decir, ser capaz de aplicar nuevas soluciones a los problemas urbanos) con socios (ciudadanos, asociaciones, empresas), compartiendo los riesgos y los beneficios. En este contexto, este panel tiene como objetivo explorar cómo se construye una ciudad inteligente.
Este grupo de trabajo abordaría experiencias de implementación de metodologías de co-creación y labs de innovación para diseñar e implementar servicios públicos incorporando al usuario.
Se hará hincapié en el aprendizaje y uso de metodologías participativas para producir innovación. Se analizará cómo crear entornos de co-creación con usuarios y el diseño de laboratorios (espacios de interacción) que permitan la prototipización para asegurar el éxito de la innovación y reducir los riesgos que ella entraña.
En el contexto del actual debate entre académicos y profesionales del sector público sobre qué modelo de evaluación de la calidad de los servicios públicos es más conveniente, el objetivo central de este grupo de trabajo es doble: por un lado, explorar críticamente qué modelos de evaluación de la calidad de los servicios públicos son más adecuados en función del contexto organizativo y, por otro lado, estudiar que capacidades institucionales y organizativas son necesarias para gestionarlos adecuadamente, muy especialmente en un entorno institucional caracterizado por la "gestión en red" de estos servicios públicos.
El concepto de calidad vinculado a la "satisfacción de necesidades" tiene un carácter dinámico en la medida que las expectativas de servicio y las necesidades en sí varían de unos usuarios a otros a lo largo del tiempo.
O presente Grupo de Trabalho tem como objetivo debater pesquisas relacionadas às transformações ocorridas no papel e função do Estado no contexto de crises e oportunidades como polos contraditórios e complementares na dinâmica do desenvolvimento local, regional e internacional.
Serão privilegiadas propostas que apresentem novas perspectivas analíticas e metodológicas para o debate contemporâneo sobre planejamento, gestão pública e participação social.
En América Latina, los gobiernos no concretaron en sus modelos de organizar sus administraciones todas las características del modelo clásico burocrático, y en tanto gobiernos subnacionales como locales, construyeron ensamblajes de ciertos características burocráticas con algunos elementos de la nueva gerencia pública y de los modelos post burocráticos.
Así, el modelo weberiano de administración, en América Latina, pareciera que alcanzó una instalación incompleta (Prats, 2001) a consecuencia de ciertas características estructurales propias del proceso de construcción de los estados en la región (patrimonialismo, nepotismo, feudalismo), generando que las administraciones padezcan lo que se denomina "buropatología".
Las políticas de transparencia, apertura gubernamental y datos abiertos en Iberoamérica se han intensificado en los últimos años, generando numerosas iniciativas que ligadas al concepto de gobierno abierto, han significado un elemento promotor de un nuevo tejido de prácticas y trabajo conjunto entre el sector público, organizaciones de la sociedad civil y otros actores.
En particular y en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), en Latinoamérica y el Caribe, de los 15 países que actualmente la integran, al observar los compromisos asumidos en los planes de acción (328 en total), 94 de ellos dicen relación con los temas de acceso a información pública y dentro de ellos, 25 iniciativas se vinculan directamente a la apertura de datos públicos (Ramírez-Alujas y Dassen, 2014).
Son numerosas las experiencias que se han puesto en marcha para mejorar la gestión de los asuntos públicos y por ende, satisfacer las crecientes demandas sociales. El desarrollo de estas experiencias se sustenta en las corrientes de pensamientos dominantes en la literatura especializada, la réplica de prácticas que se han considerado exitosas en otros contextos o las recomendaciones de los organismos multilaterales a través de los estudios anuales, manuales y diversas publicaciones.
Sin embargo, muchas de estas experiencias han fracasado por no considerar adecuadamente el significado de lo público y la naturaleza de sus objetivos. Más aún, por obviar los elementos diferenciadores de las organizaciones públicas frente a otros tipo de organizaciones.
La Unión Europea adquiere cada vez un mayor protagonismo a través de sus instituciones, como el Consejo o la Comisión que junto al Parlamento Europeo son el verdadero motor de la UE y artífices de la elaboración de las políticas públicas que afectan a las vidas de los ciudadanos de los 28 Estados miembros.
Sin embargo, aspectos como la desafección política, la desconfianza institucional, el déficit democrático, la lógica intergubernamental no exenta de conflictos, la falta de transparencia en la toma de decisiones, la percepción de lejanía de sus instituciones y la priorización de la gobernanza económica y de la política monetaria no pueden ser minimizados por la ciudadanía en un contexto de crisis.
El argumento central es que los países que han promovido el desarrollo local-regional en la última década, se han caracterizado por fortalecer un modelo de gobernanza en dos sentidos: una institucional, una noción de efectividad en el Estado, gobierno y administración para generar resultados y segundo, una gobernanza social, fundamentado en acuerdos básicos con el sector empresarial, sindical y sociedad civil, y con base de una agenda estratégica para el desarrollo.
Por ello, se puede proponer la hipótesis inicial de la que la ausencia de gobernanza estratégica condiciona el impacto favorable en la competitividad y bienestar y con ello el desarrollo.
Los movimientos sociales han sido objeto de estudio de diferentes ramas del saber y el conocimiento como la ciencia política, la sociología, la historia, la filosofía y la psicología social.
Especialmente, en las últimas décadas, la sociología, la ciencia política y la geografía han desarrollado avances analíticos y han propuesto nuevas teorías de estudio a partir de la realización de múltiples investigaciones empíricas sobre la protesta ciudadana y los movimientos sociales.
Esta mesa consistirá en la exposición y discusión de manifestaciones artísticas influenciadas por la política. El eje temático girará en torno al arte como expresión de la inteligencia y la sensibilidad, estableciendo una interacción en el espacio público entre el arte y la política.
La reflexión y el debate se centrarán con base en los siguientes lineamientos: 1. Toda expresión-creación se ubica en un tiempo y espacio, lo mismo que su autor. 2. Hay momentos históricos y políticos en que se obliga a cierto tipo de creaciones artísticas a seguir un sólo derrotero. Cierto, muchas veces se ha intentado constreñir y limitar al arte.
En la literatura académica existen diversas interpretaciones del concepto de ciudadanía. Mientras que algunas se centran en el estatuto jurídico, definiendo como ciudadanos a aquellos que ostentan la nacionalidad de un país, otras argumentan que esta condición está estrechamente vinculada a la titularidad de ciertos derechos que permiten a los individuos influir en el proceso de toma de decisiones.
Varios estudios destacan también la relevancia de la vertiente participativa de la ciudadanía, considerando como ciudadanos a aquellos que, lejos de ser simples sujetos de la polis, se involucran activamente en la misma, expresando sus preferencias vía participación política.
Probablemente por diferentes razones, democracias “consolidadas” como las europeas al igual que “jóvenes” democracias como las latinoamericanas, se enfrentan actualmente a un grave problema: la caída de la confianza en las instituciones y en los partidos políticos, y su traducción en una crisis de representación.
Frente a esto se vislumbran dos escenarios, por una lado, una parte importante de los electores optan por la abstención o por el voto castigo a causa de su desconfianza, lo cual incrementa la apatía política y desinterés/rechazo por lo público y lo político.
El rol de los medios de comunicación como definidores y creadores de la realidad los ha convertido en un actor político más, con un peso en la actualidad que trasciende la influencia tradicionalmente asociada a períodos electorales.
Por otro lado, las formas de comunicación de la movilización social de los últimos años han puesto sobre la mesa una disyuntiva según la cual nuevas formas de comunicación, facilitadas por las nuevas tecnologías, vendrían a limitar la influencia de los medios de comunicación convencionales y a romper con el stablishment mediático.
La organización político y institucional de los países con su diseño, reglas constitucionales y arreglos legales es un marco fundamental que condiciona la forma que asumen su administración pública.
Esa es un obviedad importante de ser enfatizada cuando uno se coloca delante de tarea que busca comprender como opera la dinámica gerencial y política que involucra las administraciones públicas. Teniendo en cuenta ese argumento, una forma de investigar la concretización de ese proceso es definir una área o política en que su formato sea influenciado por los parámetros generales inscritos en las reglas administrativas, políticas y legales de los países. Desde este punto de vista, comprendemos que la descentralización llevada a efecto en varios países desde la década de los ochenta del siglo pasado es un campo importante para reflexionar acerca del argumento general arriba presentado.
Abordamos la cuestión en análisis, señalando que existe consenso nemine discrepante respecto a que “la democracia reina de manera absoluta, sin mezclas ni fisuras y ha conseguido doblegar a sus viejos enemigos, tanto del lado de la reacción, como de la revolución” (Gauchet, 2004), así como a los perennes adversarios del gobierno popular (Dahl, 1999:22).
Desde la década del noventa fue puesto de manifiesto su triunfo como sistema o ideal político (Benedicto, 2004); existiendo en América Latina una homogénea convicción acerca de la pertinencia y viabilidad de la democracia como régimen político más creíble y compensable (García Montaño, 2004:296), no advirtiéndose signos de preferencia por alternativas no democráticas (Subirats, 2001:33-42).
Con la irrupción de gobiernos autollamados de “izquierda” o “progresistas” en varios países de Latinoamérica a partir de fines de los años 90, y sobre todo en los 2000, el mapa de los modelos de bienestar adoptados en la región empieza a experimentar mutaciones. Se rompe el consenso en el “Consenso de Washington”, la hegemonía neoliberal, y se identifican algunas modificaciones en las políticas públicas que conforman una agenda social (ampliada).
Las transformadoras estatales experimentadas a nivel nacional son distintas a lo largo de toda la región, a razón de las diversas realidades económico-sociales y de acción política en las que se asientan, pero muchas de ellas poseen varios puntos de contacto, que sacamos a colación porque impactan sobre el modelo de bienestar: una mayor intervención del Estado en diferentes ámbitos antes vedados a su accionar y una recuperación de importantes funciones de bienestar y cuidado de la población por parte de los poderes públicos.
El proceso de democratización en América Latina, trajo consigo entre otros retos, la rediscusión de los modelos institucionales que debe adoptar la estatidad para cumplir de modo más satisfactorio las demandas sociales, en el marco del desafío democrático como régimen político garante de libertades, pero a su vez proveedor de una gobernabilidad estable.
En este contexto, la discusión sobre el reescalamiento del Estado, que había tendido a fuertes lógicas centralistas en relación a las necesidades políticas de los regímenes autoritarios previos, y económicas de sostenimiento del régimen de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo, se abre a finales de los ‘80 la atracción de la propuesta descentralizadora.
La sinergia entre el Estado y la sociedad civil se presenta como clave de la gobernanza y como la respuesta a las ineficiencias de modelos jerárquicos de hacer política que no han sabido enraizarse ni establecer mecanismos de diálogo con la ciudadanía.
En esta línea, preocupa que: la desconfianza y actitudes negativas de la ciudadanía hacia la Administración pública (burofobia), la reticencia de los funcionarios a trabajar e integrar a los ciudadanos y los problemas de diálogo y cooperación entre los mismos funcionarios y sus problemáticas relaciones con el personal político anticipan dificultades para alcanzar acuerdos colectivos y prácticas cooperativas en tanto aumenta los costos de transacción, dificulta la transferencia de información y conocimiento y disminuye las probabilidades de coordinar actividades más complejas, costosas o de largo plazo.
Las reformas de la administración pública se han mantenido en los últimos 30 años como un fenómeno tendencial de los países que responden a la órbita occidental se han ido acuñando revisiones a las formas en que las administraciones públicas visibilizan su actuación en aras de ver reflejada una mejora en la gestión, que hemos de llamar para nuestro propósito, de “buena administración”.
Hemos de coincidir en que las politicas de buena administración exigen una capacidad de los países, administradores, gestores, etc., que se debe estructurar de tal modo que las reformas o actuaciones se desarrollen tomando en cuenta todo el sistema político-administrativo. No cabe duda que hoy en día la naturaleza de cualquier reforma es más política que técnica, y en esta premisa conectamos a los valores de la gobernanza pública orientada al concepto de buen gobierno.
Transparency International-España (TI-E) coordina un Grupo de Trabajo Especial sobre regulación y transparencia del lobby, con el propósito de analizar y debatir sobre un tema que adquiere cada vez más relevancia en la agenda pública.
La sesión se fundamenta en el estudio de TI-E "Regulación y transparencia del lobby en España", dirigido por el profesor Manuel Villoria y cuya publicación está prevista para finales de septiembre. Para realizar este estudio, una serie de académicos y expertos han indagado a lo largo de 2014 en las distintas caras del lobby en España y los riesgos de corrupción que puede entrañar, en áreas temáticas como la energía, la salud pública, el sector financiero, el sector de comunicación/audiovisual o la construcción.
El presente grupo de trabajo se propone analizar experiencias latinoamericanas en donde la participación y las nuevas tecnologías se vehiculizan como estrategias de innovación social y gobernanza.
El objetivo es evidenciar tanto los logros como los límites que tienen procesos de apertura de datos, participación digital, participación no institucionalizada o informal, el desarrollo de plataformas abiertas y colaborativas, el uso intensivo de redes sociales, etc.
Desde los años sesenta del siglo pasado, pero con renovado auge desde los noventa, incontables investigaciones han explorado las contribuciones que conceptos como capital humano, capital social, conocimiento, innovación, talento o similares ligados al ser humano aportan a la productividad y al entorno que la favorece.
En ese marco, este panel aborda esos vínculos con ponencias teóricas y empíricas sobre el modo en que instituciones como las universidades, las comunidades de práctica y lo público (políticas, administraciones y gobierno) juegan un papel esencial para traducir el talento en desarrollo económico, desde los entornos más locales hasta los más globales.
Las políticas ambientales en últimas fechas han ganado espacio dentro de las agendas de gobierno de los países, la sustentabilidad es considerada cada vez más como un tema transversal en el diseño de políticas; por tal motivo es importante conocer cuáles han sido los avances en este tema respecto al diseño, implementación y evaluación de políticas e instrumentos ambientales.
Dentro de los temas a revisar se encuentran la creación de instituciones ambientales que dicten la política y gestión ambiental en los diferentes niveles de gobierno, los instrumentos diseñados para el manejo de los recursos naturales y las externalidades de la explotación de los mismos, la política fiscal ambiental donde se contemplen las diferentes fuentes de financiamiento diseñadas para el fortalecimiento institucional ambiental o impuestos económicos ambientales, o el mercado verde y experiencia con los fondos internacionales de financiamiento ambiental, los diferentes estudios de caso sobre el manejo de los recursos naturales (agua, suelo, aire, biodiversidad, bosques y selvas, residuos, cambio climático, etc.), así como una cronología de la evolución de las políticas ambientales (antecedentes, desarrollo, principales influencias, y prospectiva sobre el futuro de las políticas ).
El grupo de trabajo titulado Políticas Criminológicas del S. XXI pretende estudiar y discutir acerca de las medidas y líneas de acción llevadas a cabo por los gobiernos en cuanto a la criminalidad se refiere. Al igual que la economía, la vida política y social de los países tienden a globalizarse; la ideología, la cultura, la identidad, las relaciones sociales, la comunicación, y hasta las políticas públicas se alimentan de un continuo intercambio y exportación de medidas que han funcionado en diferentes lugares. Las políticas criminológicas no están exentas de los estragos de la globalización.
La tendencia general ha evolucionado de la inclusión de los marginados, pobres, adictos e inadaptados a la exclusión total.
Estudiar las políticas económicas y sociales para identificar las decisiones que han tomado las administraciones públicas y la evolución de la economía del sector público de un país durante los últimos treinta años y que han impactado en los cambios que ha sufrido la economía en general y particularmente los mercados y las instituciones que la regulan.
Los papers que se desean recibir son artículos que cumplan con los criterios editoriales que marque el Congreso. Nos interesa examinar el efecto que estas políticas han tenido en las principales variables de la economía: las finanzas públicas, la gobernanza, el crecimiento económico, el empleo, la pobreza, la distribución del ingreso, la vivienda, la seguridad social,la seguridad pública, los niveles de bienestar, la educación, el medio ambiente, el desarrollo urbano, el desarrollo agropecuario e industrial, la transparencia y rendición de cuentas, los jóvenes, la perspectiva de género y el desarrollo sostenible.
El objetivo de este grupo es fomentar la investigación y el análisis de las políticas turísticas, dada su importancia estratégica y su carácter multisectorial, tal y como se resume a continuación:
En primer lugar, teniendo en cuenta los efectos compensatorios de la actividad turística sobre el desequilibrio de la balanza de pagos, además de su carácter transversal y su capacidad motriz sobre otras áreas económicas, el turismo está ampliamente reconocido como un sector estratégico dentro de la economía española (Cuadrado y López, 2011; Plan de Turismo Español Horizonte 2020; Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015).
La mesa tiene como propósito analizar la agenda contemporánea de consolidación del gobierno transparente y gestionado por políticas públicas, partiendo de la certeza de que existe una nueva comprensión en torno a la transversalidad y conjunción del espacio de lo político y de la gestión, en un proceso dialéctico que determina las decisiones y la orientación de las capacidades públicas.
En este nuevo entorno, existen múltiples y diversas experiencias, que precisa analizarse desde una perspectiva científica, de la interacción continua con la sociedad, de manera formal e informal en varias de las etapas de la decisión pública, que tiende a moldear el contenido social de las mismas y que, a su vez, constituye un sistema de aprendizaje de autogestión, diálogo y colaboración dentro de la propia sociedad, enriqueciendo el carácter democrático de la gestión gubernamental y el tejido social necesario para mejorar los parámetros de desarrollo.
La propuesta de trabajo se refiere al análisis de la política de transparencia en México como una de los ejemplos más representativos del proceso de democratización que vive el país y que se ha intensificado a partir del año 2000.
En particular, se tiene por objeto exponer los nudos críticos que ha tenido que enfrentar el derecho de acceso a la información pública a partir de su incorporación al texto constitucional, y de manera concreta mostrar las dinámicas institucionales que se han generado con motivo de la existencia de una ley en materia de transparencia y de su correspondiente órgano garante.
GIGAPP
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas
GIGAPP
Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas 