Propuesta de Investigación GIGAPP

"Participación ciudadana en España: Análisis de contenido de 3863 propuestas ciudadanas al Anteproyecto de Ley de Transparencia de España"

Investigador Principal:
César N. Cruz Rubio (Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.)

 

Objetivo

El objetivo de esta investigación será realizar un análisis de contenido asociado a las 3.683 aportaciones realizadas por ciudadanos al anteproyecto de Ley de Transparencia (Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 19/2013) durante 2012 . Se buscará específicamente

- identificar, clasificar y analizar las preocupaciones ciudadanas  respecto del anterproyecto de Ley

- identificar, clasificar y analizar las propuestas recibidas, y su grado de inclusión dentro de la versión final (La Ley 19/2013).

- Hacer un reporte y un resumen ejecutivo de los hallazgos.

 

Metodología

La metodología está pendiente de definición. Se buscará analizar las herramientas disponibles y refinar los objetivos, lo que permitirá a su vez, desarrollar la metodología. Esto ocurrirá una vez se conforme el equipo de investigación.

Una acció preliminar consistirá en estructurar esta información que se encuentra en archivos PDF a fin de facilitar el análisis de contenido.

 

Antecedentes

(extraídos del Primer Informe de Avance de España 2012-2013 de la Alianza para el Gobierno Abierto)


La Vicepresidenta del Gobierno presentó el 23 de marzo de 2012 el texto del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno como una de las iniciativas más importantes de la legislatura.

Antes de iniciar su trámite parlamentario, el Consejo de Ministros sometió el texto del Anteproyecto de Ley a una consulta pública. Esta consulta, realizada a través de internet con un formulario electrónico habilitado a tal efecto en la web del Ministerio de la Presidencia, estuvo abierta durante 17 días (del 26 de marzo al 11 de abril de 2012), y se recibieron 3.683 aportaciones ciudadanas al texto que no se hicieron públicas. El Gobierno señaló que con esta Ley “era la primera vez que en España se abría un periodo de consulta pública a los ciudadanos” y calificó este proceso de muy positivo dados los resultados, con cerca de 80.000 visitas a la web en el citado periodo.


Sobre las aportaciones al Anteproyecto de Ley el Gobierno informó que todas las aportaciones habían sido analizadas y que de éstas, sólo se incluyeron las “que respondían a la filosofía de la Ley” . Debe señalarse que este proceso de consultas públicas tuvo muchos claroscuros, caracterizados por una amplia respuesta ciudadana, una falta de transparencia de la consulta y por la debilidad del formato de la misma: sin convocatoria amplia y anticipada, unidireccional, y sin una rendición de cuentas a posteriori.


Además, el Gobierno impuso un ritmo muy acelerado respecto de la tramitación y presentación del Anteproyecto ante el Congreso, prisa que fue argumentada dado el compromiso presidencial de contar con el Anteproyecto durante la primera legislatura. En mayo de 2012, el Consejo de Ministros dio luz verde al Anteproyecto, y al hacerlo no esperó a la opinión del Comité de los 38 expertos designados por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (órgano dependiente también del Ministerio de la Presidencia) y que fue creado para debatir su contenido.

Según destaca la reportera María Fabra respecto de las aportaciones recibidas, el Gobierno “adujo haber recogido algunas de las recomendaciones, aunque ni se mencionaron las que fueron, ni se hicieron públicas las [3.683] aportaciones de los ciudadanos”.


Respecto a estos primeros cambios incluidos en el Anteproyecto de Ley, organizaciones como la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la que pertenece España) y Access Info Europe los calificaron como menores o cosméticos, indicando que así redactada, esta Ley “no acata las normas y los principios ya consagrados por los Tribunales de Derechos Humanos o las organizaciones intergubernamentales, incluido el “Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos.”


El Proyecto de Ley fue presentado ante el Congreso en agosto de 2012 y fue publicado en el Boletín de las Cortes Generales en septiembre, comenzando así su trámite parlamentario. Las aportaciones ciudadanas en la consulta pública no se hicieron públicas tampoco en esta fase. Sobre este tema, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes elaboró un informe respecto de este proceso y fue incluido en la documentación presentada al Congreso, pero éste informe no se hizo público. El informe referido no está disponible en la web del Ministerio de la Presidencia o del Congreso de los Diputados, y tuvo que ser filtrado en su momento para ser conocido por el público.


Adicionalmente, el grueso de las casi 3.700 las aportaciones ciudadanas fueron solicitadas no sólo por ciudadanos interesados en conocerlas y OSC, sino también por miembros del Congreso de los Diputados. Una diputada al reclamarlas, recibió solamente un informe por parte del Ministerio de la Presidencia. Al insistir, recibió la respuesta del Secretrario de Estado de Relaciones con las Cortes invitádole a ir a La Moncloa (sede presidencial y del Ministerio de la Presidencia) para consultar esa información” argumentando la negativa a entregarla pues durante la consulta el gobierno “no incluyó la advertencia de que la información podría hacerse pública y, por lo tanto (...) la mantiene en ‘secreto’ para no vulnerar la Ley de Protección de Datos.”

Con esta acción el gobierno no cumplió adecuadamente parte de su propio compromiso en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, de poner “a disposición del Parlamento todas las aportaciones realizadas para apoyar la tramitación parlamentaria de la Ley” (véase el penúltimo párrafo del Compromiso 1 del Plan de Acción de España en Gobierno Abierto).


El trámite de enmiendas siguió su curso en septiembre de 2012. Durante abril de 2013 se realizaron una serie de comparecencias en la Comisión del Congreso con la participación de 24 expertos del mundo académico, institucional y de algunas OSC, y que en opinión del Gobierno “sirvieron para contribuir el debate parlamentario” . En su perspectiva, con ello se incorporaron muchas mejoras al texto inicial, entre las cuales se incluyen la ampliación del ámbito de aplicación subjetivo, los principios técnicos que debe seguir la publicación de la información, así como la ampliación de las competencias del Consejo de Transparencia, y de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa como de resolución de reclamaciones.


La Ley finalizó el trámite en el Congreso en julio de 2013 y pasó para enmiendas al Senado en septiembre de 2013. Finalmente, el 28 de noviembre de 2013 se votaron en el Congreso de los Diputados las enmiendas del Senado con lo que la Ley de Transparencia se aprobó con algunas modificaciones, concluyéndose así el trámite parlamentario.

El Congreso aprobó la Ley con el apoyo mayoritario del Partido Popular (PP) en el gobierno y dos formaciones nacionalistas, mientras el resto de formaciones votó en contra . La ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (Ley 19/2013, de 9 de diciembre) entrando en vigor al día siguiente.

 


Convocatoria

Se convoca a todos investigadores GIGAPP interesados, a participar en este proyecto de investigación. No hay reumeración económica por ello. Los resultados de investigación serán reconocidos en autoría y se realizaría una publicación electrónica sobre la misma, que será de libre acceso y con permitos Creative Commons 3.0

Interesados, contactar con el investigador responsable.
(se aceptan propuestas metodológicas y para la especificación de objetivos)

 

Documentos

El 30 de diciembre de 2016, en ejercicio de derecho de acceso, han sido puestas a disposición estas aportaciones ciudadanas al investigador Cesar Nicandro Cruz, en 12 documentos PDF,  que incluyen texto anonimizado de las aportaciones ciudadanas. (Cabe destacar que las aportaciones ciudadanas se recibieron mediante un servicio formulario web electrónico y que, necesariamente, esta información se encuentra ya en una base de datos, es decir, es información que está estructurada, no era necesario anonimizarlas de forma manual,  y podían haberse entregado y hecho públicas en otro formato, por ejemplo en CSV o en excel)

 

1.  Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

2. Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno 

 

3 Acceso a 12 documentos  PDF con las 3.863 aportaciones ciudadanas

https://www.dropbox.com/sh/5vkgvb4k04h2jhd/AACI3vjoHEgKY_bTNjsWXuC6a?dl=0

 

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