En el presente documento se pone el acento en uno de los obstáculos en la implementación de la LAPAD: la débil cultura de la legalidad. Los argumentos que se emplean son el resultado del estudio de caso sobre la aplicación de esta ley en la Comunidad Valenciana. Se pretende así avanzar en los discursos que atribuyen los malos resultados en la aplicación de la ley, únicamente, a una cuestión de financiación y voluntad política. Por tanto, a partir de la investigación etnográfica desarrollada durante cuatro años se ofrecerán datos e informaciones que verifican el impacto de la relación administración-ciudadanía en el ejercicio del nuevo derecho social reconocido, constatando, de esta forma, la repercusión de variables como la transparencia o la rendición de cuentas, como condicionantes necesarios para una cultura de la legalidad, buen gobierno y la democracia. En definitiva, el ecosistema imprescindible para que pueda germinar el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos sociales.

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